Inicia proceso para castigar al “Bronco”
Este día iniciará en el Congreso de Nuevo León el proceso legal para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, derivado de la orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que el TEPJF ordenó a los diputados locales que castiguen al “Bronco” por haber utilizado recursos estatales en el proceso de levantamiento de firmas ciudadanas para avalar su candidatura presidencial independiente.
Será a las 16:30 horas cuando sesione la Comisión Anticorrupción del Congreso local, para discutir cuál será el destino del mandatario estatal, así como el del secretario general de Gobierno, Manuel González.
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Un caso añejo que no ha querido ser procesado
El Tribunal electoral dictó sentencia desde el 21 de junio del 2018, en la cual se establece que: “Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017; y Manuel Florentino González Flores, gobernador interino, son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República”.
Se concluyó que un total de 572 trabajadores del Gobierno del Estado levantaron firmas en horario laboral para la candidatura de Rodríguez Calderón.
El día 25 de junio del año mencionado, el Tribunal notificó al Congreso local la sentencia y que castigara el acto, sin embargo la presidenta de la Legislatura en ese entonces, la diputada Karina Barrón, turnó el caso a la Comisión Anticorrupción y ahí permaneció en “la congeladora” hasta que el 25 de julio de este año el TEPJF le “recordó” a los diputados locales este asunto pendiente.
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¿Qué castigo podría recibir “El Bronco” y Manuel González?
El caso es, sin duda, complejo. Por este motivo no hay una posible sanción definida para “El Bronco” y Manuel González.
Dicho castigo podría ser una multa, inhabilitación o destitución del cargo, aunque tampoco está definido un límite de tiempo para que los diputados lleguen a una decisión.