Parece ser que con la clausura del Penal del Topo Chico no se resolvieron los problemas del sistema penitenciario de Nuevo León y es que se han ventilado presuntos abusos en contra de los internos del Penal de Apodaca.
La ONG Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) denunció que se están presentando casos de extorsión a los reos de este centro penitenciario, tras el cierre del de Topo Chico.
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“Tuvimos algunos casos en los que viene la familia y nos dicen que para que dejen a su familiar en paz, a su interno en paz, tienen que depositar 4 mil pesos en una cuenta, sacarle foto al depósito y enviarla a un teléfono, ¡Es toda una organización delincuencial!”, acusó Consuelo Morales, directora de Cadhac.
Pareciera que los vicios y las malas prácticas que prevalecían en “El Topo” se trasladaron a la cárcel apodaquense con la reubicación de internos, considera la activista.
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“Vemos una situación de mayor ilegalidad, de mayor violación a los derechos humanos, de mayor inseguridad para los internos al interior de los centros penitenciarios de Nuevo León, y se han agravado de una manera muy importante a raíz de esta reorganización”, afirmó la directora de Cadhac.
Consuelo Morales indicó que la campaña de publicidad ejercida por la presente administración estatal, en la que se expone que las cosas están bien en las cárceles es falsa.
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“Tenemos cientos de testimonios que hablan que detrás de eso hay torturas, extorsiones, malos tratos, cobros indebidos, es decir, delitos cometidos contra las personas privadas de la libertad y sus familias”, recalcó.
Morales fue más allá y señaló a Eduardo Guerrero, el asesor penitenciario del Estado de Nuevo León, como uno de los responsables de problemas que enfrentan las prisiones de la entidad.
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“Pareciera que el gobierno de Nuevo León ha puesto en manos de una persona de muy dudosos antecedentes y reputación la confianza, permitiéndole este tipo de actuaciones, que en muchos de los casos superan la razón o motivos por los cuales muchos internos están al interior de los penales”, dijo la activista, quien exigió al Gobierno estatal que se abra una investigación contra Eduardo Guerrero.
